Investigan a la empresa constructora ¨favorita¨ del intendente Pablo Grasso

Hace 2 semanas Río Gallegos

Diputados de la oposición investigan si la empresa Carrizo Stella Maris Construcciones reúne las condiciones legales para las contrataciones públicas.

Investigan a la empresa constructora ¨favorita¨ del intendente Pablo Grasso

El 6 de septiembre 2022 en OPI publicamos un informe en el cual constaba que por iniciativa de los concejales del CC – ARI, Pedro Muñoz, junto a sus pares Daniela D’Amico y  Leonardo Roquel (bloque UCR), de Río Gallegos solicitaron formalmente -en el marco de los Artículos 7° y 12° de la Ley 3540- el acceso a información pública referida a la obra llevada adelante en la actual gestión municipal del Intendente pablo Grasso, en su mayoría en convenio con el IDUV, a raíz de la falta de información pública sobre la misma y particularmente porque una de esas empresas no reúne las condiciones legales para las contrataciones públicas., refiriéndose a la empresa Carrizo Stella Maris Construcciones o también denominada Strella Construcciones.

Paralelamente y por otro medio, el abogado Javier Stoesel había presentado un Amparo en el mismo sentido y la justicia, a través de un fallo del Juez Francisco Marincovich, ordenó la entrega de la información, lo cual fue rebatido por el asesor legal del municipio, aludiendo que Stoesel, no había cumplido con los pasos administrativos necesarios.

Por esta razón, el concejal de CC-ARI, Pedro Muñoz, elevó la semana pasada una nota a la Subsecretaría de Contrataciones del Ministerio de Economía de la provincia, donde, en el marco del Acceso a la Información le solicita formalmente “el acceso a información pública referida al estado legal de la firma CARRIZO STELLA MARIS/ Empresa Strella Construcciones CUIT: 27-23826268-8, en el Registro Único de Proveedores del Estado Provincial, bajo el N° 1490, para desarrollar la actividad de Prestador de Servicios en el rubro 1600/16 Empresas de construcción con capacidad de obra en ingeniería y/o arquitectura con vigencia hasta el día 31/05/2023”.

El edil destaca en el escrito que con fecha 06/09/2022 se presentó una nota dirigida al Sr. Director del Registro Único de Proveedores de la Subsecretaría de Contrataciones de la Provincia de Santa Cruz, acompañando copia del edicto judicial mediante el cual se publicó que la firma Carrizo Stella Maris se encuentra en concurso preventivo de acreedores y en consecuencia solicitando que se apliquen las normas pertinentes del Reglamento de Contrataciones del Estado (art. 129° incs. f) y g), art. 139° y ccts. Del Decreto 263/82). Detalla la presentación que oportunamente les había sido dicho, verbalmente, que el tema estaba siendo evaluado por el área legal.

Consultado el concejal Pedro Muñoz, señaló “Este es el último pedido que hacemos, siguiendo cumpliendo con la vía administrativa correspondiente. Si no contestan o nos niegan la información que solicitamos, el próximo paso es ir a la Justicia y solicitarlo por ese medio”.

Si esto se concreta, el gobierno tendría dos pedidos formales a la justicia, uno de ellos ya otorgado al abogado Stoesel) para que la Subsecretaría de Contrataciones entregue la información requerida y el pedido expreso a ese organismo, para que anule a esta empresa la cual, a criterio de los denunciantes, incumple las condiciones mínimas para contratar con el Estado y ser beneficiada, por parte del municipio de Río Gallegos, con obras millonarias.

Nosotros cursamos el pedido dentro del derecho al acceso a la información pública a la Municipalidad de Río Gallegos, al IDUV, al Registro de Proveedores de la provincia y a Servicios Públicos – señaló Muñoz y agregó – todos respondieron, menos la municipalidad de Río Gallegos”.

En las reuniones que mantuvimos con la Subsecretaría de Obras nos prometieron mandarnos un informe con las 34 obras que tiene el municipio de Río Gallegos y a raíz de ello ratificamos todas y cada una de las informaciones que teníamos de Strella Construcciones y por ese motivo es que pedimos la suspensión inmediata de esta empresa”, remarcó el concejal, señalando que por alguna razón relacionada con la repercusión de estos cuestionamientos, le habrían retirado la adjudicación asegurada que tenía esa empresa para la realización de un acueducto en Pico Truncado por la suma de 1.100 millones de pesos.

De acuerdo a las fuentes consultadas en los organismos técnicos de la provincia, la vía en la que hay que se deben focalizar las cuestiones centrales son: el control de los registro de las Declaraciones Juradas en los Registros de obras, donde todo indica que le habrían dado cobertura a la constructora Stella Maris; otro es la cartelización de la obra pública que prosigue en Santa Cruz, tras las licitaciones amañadas, con nombre y apellido, donde una empresa va con una cotización por debajo de la propuesta y otros con importes mayores, para que, obviamente, la beneficiada sea aquella que menos oferta, en este caso Strella Maris. Otro de los controles que no debe faltar y que acá se evade u omite, es el control de capacidad de obra, porque, como en este caso, la empresa no la posee y recibe contratos por miles de millones de pesos.

De esta manera podemos decir que el intendente Pablo Grasso está obligado a rever la contratación de Carrizo Stella Maris o Stella Maris Construcciones, como empresa favorita de municipio de Río Gallegos, una firma que está en Convocatoria de Acreedores y suma contratos con el Estado municipal. Por su parte, tanto por el pedido del abogado Javier Stoesel como de los concejales de la UCRT-ARI, Carrizo Stella Maris comienza a estar cercada de pedidos para que sea desafectada de la obra pública provincial/municipal y esto, además, promete llegar a la judicialización en el ámbito de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)

 

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