Demoledor: Todas las sospechas de los interventores sobre los hoteles de los Kirchner

Hace 1 mes El Calafate

Antes de devolver el control de Hotesur, registraron subvaluaciones, alquileres fuera de los valores del mercado, falta de interés de que la firma funcione como empresa, entre otras atrocidades.

Demoledor: Todas las sospechas de los interventores sobre los hoteles de los Kirchner

Después de cuatro años, la intervención judicial sobre los hoteles y la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner llega a su fin. Así lo decidieron los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg. Antes de la devolución definitiva del manejo de las propiedades y compañías, investigadas por lavado de dinero, los responsables de administrar todo durante este tiempo entregaron un duro informe, donde marcaron sospechas sobre el giro comercial de Hotesur: subvaluaciones, alquileres fuera de los valores del mercado, falta de interés de que la firma funcione como empresa, entre otros aspectos.

Hotesur SA y Los Sauces SA son las dos principales empresas de la familia Kirchner. Después de la cesión de sus bienes por parte de la ex Presidenta, son sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes retienen en partes iguales el paquete accionario de las compañías.

Las dos firmas, tanto la hotelera como la dedicada al rubro inmobiliario, fueron investigadas por lavado de dinero. La justicia determinó que no tenían una finalidad comercial real, sino que fueron "pantallas" para poder blanquear, con la participación de Lázaro Báezunos 130 millones de pesos.

Los dos expedientes que investigaron los supuestos delitos en cada una de las empresas fueron elevados a juicio oral, y el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) es el responsable de llevar adelante el debate. Las causas fueron elevadas hace más de dos años, pero se está a la espera de unas pericias contables pedidas por Cristina Kirchner.

En el medio de esa situación, dos de los jueces -Obligado y Grunberg-, decidieron devolver el manejo de esas firmas y de 26 inmuebles nucleados en el condominio Máximo y Florencia Kirchner, a la ex familia presidencial. La jueza Adriana Pallioti consideró que no había que restituir por el momento la administración de todo, ya que las sospechas de blanqueo siguen vigentes.

La semana pasada, los interventores judiciales entregaron ante el TOF 5 los últimos informes sobre el estado de las empresas. Volcaron en esos documentos irregularidades, desinterés en el giro comercial real por parte de lo dueños, falta de colaboración y otro conjunto de sospechas.

"Ineficiente explotación del hotel"

El interventor a cargo de Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate), Daniel Altman, se refirió a este punto de forma enfática. Indicó que hubo en la empresa una "ineficiente explotación del Hotel" (Alto Calafate), sobre la cual los accionistas "nunca se han expresado".

Al momento de fundamentar esto, el interventor dijo que la rentabilidad del hotel se encuentra "muy por debajo de mercado de acuerdo a las informaciones que documentadamente acerqué".

Durante la investigación de la causa, el fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que se montó un esquema de lavado de dinero "en base a la actividad hotelera" buscando darle "cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.

Por otro lado, el interventor Altman destacó que el locatario "no liquidó ni pagó cánones por casi cuatro años sin que los mismo fueran reclamados por los accionistas ahora cuidadosos según aparentan". El responsable de explotar los hoteles Alto Calafate y Las Dunas era Idea SA, propiedad de Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner y también investigado por lavado.

Valores por debajo del mercado

En esta misma línea, poniendo bajo sospecha el interés de la familia Kirchner por tener una empresa rentable, el interventor judicial dijo que hubo una "errónea” información suministrada por Idea SA "para calcular cánones por lo que fuera por dos veces rechazada por mí".

Consideró que se pagaba un "absurdo alquiler mensual" en la temporada 2018/2019. La cifra del alquiler era incluso inferior a la que abonaba Lázaro Báez, que fue el primer responsable de explotar los hoteles de los Kirchner a través de su empresa Valle Mitre SRL.

La familia Kirchner, según los interventores, no modificó el importe del alquiler establecido en el contrato vencido y "que regía desde enero de 2015, de 190.000 pesos más IVA". Hotesur fue intervenida en marzo de 2019. El responsable de administrar la firma hotelera pidió que ese valor se actualice, y sólo se habló de la posibilidad de pagar 500.000 pesos, pero no sucedió. Toda la operación iba a pérdida.

El interventor dijo más al respecto: habló de la "desleal invocación del locatario de prescripción de períodos de cánones, tema aún no resuelto por falta de designación de árbitro". Para discutir eso, se careció todo este tiempo de un "apoderado de los accionistas, pese a mi convocatoria, para que aporte su análisis a un tema que, de ser cierto que son dos diferentes sociedades Idea y Hotesur, podría perjudicar los intereses de Hotesur". Los accionistas o su representación "estuvieron siempre ausentes en estos relevantes temas", indicó Altman.

"Confusión patrimonial"

En otro tramo de su informe, el interventor se ocupó de analizar la relación entre los Kirchner -dueños del hotel- y la empresa Idea. En ese punto, indicó que el principal activo de la sociedad "es un inmueble alquilado a una empresa de personas estrechamente vinculadas a los accionistas actuales y sus progenitores (conforme los antecedentes documentales)" .

El precio convenido -continuó- "no tiene ninguna relación con la importancia del activo ni con los precios de plaza y las deudas que se generaban no eran reclamadas por los supuestos acreedores". El interventor reiteró un concepto, al señalar que hubo "desinterés de las partes manifiesto", por un lado "al locador no le preocupaba que el locatario pagara en tiempo y forma, y aún menos que lo hiciera por los valores que correspondía".

Asimismo, se planteó una "falta de cumplimiento" de las órdenes judiciales, para que el interventor "controle los reales ingresos del hotel gestionado" y dijo que hubo una "arbitraria fijación de la mensualidad a abonar por parte de éstos, las dilaciones en determinar la deuda por cánones y en abonarla". Todo esto, "indica con claridad que la gestión tiende a obstaculizar el cuidado del patrimonio de Hotesur y distraer ganancias que deberían ser cauteladas".

Concluyó con otro planteo: "Si Idea (de Sanfelice) no responde a los mismos intereses que Hotesur los accionistas de ésta sociedad no debería tener interés en obstaculizar la labor de esta intervención". Para el interventor "el contrato de alquiler no se corresponde en modo alguno con un convenio comercial más o menos habitual sino que aparenta ser una simulación tendiente a ocultar las ganancias, seguramente para evitar que le alcance la medida cautelar judicialmente ordenada, o porque locador y locatario son una sola y única parte".

Tags del artículo

El Calafate

Notas relacionadas que pueden interesarte