Cristina Kirchner y sus hijos fueron sobreseídos en las causas Hotesur y Los Sauces antes del juicio oral

Hace 2 meses Santa Cruz

El tribunal oral que debía juzgarla cerró los expedientes contra la vicepresidenta. Estaba acusada de lavado de dinero a través de los negocios hoteleros con Lázaro Báez y Cristóbal López

Cristina Kirchner y sus hijos fueron sobreseídos en las causas Hotesur y Los Sauces antes del juicio oral

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, en las causas Hotesur y Los Sauces, que habían sido elevadas a juicio oral hace tres años y cuyo proceso nunca se hizo.

La decisión la tomaron los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia y sostuvo que el planteo debía ser rechazado para que los hechos fueran juzgados en un juicio oral y público. El fiscal ante el tribunal, Diego Velasco, había dictaminado en contra del sobreseimiento y había pedido que se fijara una fecha para el juicio. El planteo de la vicepresidenta fue resuelto en menos de un mes, y cuando todavía había prueba pendiente para incorporar al expediente.

En el fallo de 375 páginas firmado esta tarde, los jueces Grünberg y Obligado consideraron que por los hechos que componen la acusación de asociación ilícita los imputados ya fueron juzgados en la provincia de Santa Cruz. Este era uno de los pilares del planteo de Beraldi.

Otro de los argumentos del fallo es que el dinero que según la fiscalía se lavó, nunca fue dinero negro. Este también había sido uno de los argumentos de la defensa de Cristina Kirchner.

“La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor”, dijeron los jueces.

En cuanto a las dádivas adjudicadas a Cristóbal López y Fabián De Sousa, el tribunal sostuvo que no se habían probado.

Los jueces también dijeron que cuando comenzaron a cometerse los hechos investigados, en 2008, regía una ley que no penaba el autolavado. Es decir que entonces no se contemplaba como lavado de dinero el dinero proveniente de un delito del que los propios acusados participaron. El autolavado fue considerado delito en 2011. Y consideraron que debe aplicarse la ley penal más benigna al momento de la comisión del hecho.

Por el contrario, en su voto, la jueza Palliotti dijo que la prueba recabada y los hechos debían ser confrontados en un debate oral y público. “Estoy convencida que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo”, dijo la jueza.

Este es el tercer sobreseimiento que recibió la vicepresidenta en menos de un año. A diferencia de las causas Dólar Futuro y Memorándum con Irán, que fueron cerradas por inexistencia de delito y por ser considerados hechos políticos y económicos no justiciables, los hechos que estaban bajo investigación en esta causa eran los negocios hoteleros de los Kirchner con empresarios amigos y contratistas del Estado, entre ellos Lázaro Baéz, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Estos tres casos fueron cerrados sin que se realizaran sus juicios orales y públicos.

Eventualmente, esta decisión podrá ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala I de ese tribunal es la que interviene en el caso. Actualmente está integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. Pero su composición está sujeta a la votación de las autoridades de la Casación, que se hará el próximo mes.

En esta causa, una de las que más preocupaba a la vicepresidenta, el rol de los organismos del Estado que eran querellantes se fue desdibujando. La Oficina Anticorrupción (OA) abandonó su rol de acusadora porque dijo que no tenía los recursos suficientes para seguir adelante y que bastaba con que la Unidad de Información Financiera (UIF) siguiera como querellante en la causa.

Pero la intervención de la UIF en la causa también perdió potencia. En la respuesta al planteo formulado por Cristina Kirchner, el organismo que hasta ahora era conducido por el abogado Carlos Cruz -y que pronto dirigirá un abogado cercano a Máximo Kirchner-, dijo que el delito de lavado de dinero requiere un delito precedente que tenga sentencia firme y sin manifestarse abiertamente a favor o en contra de sobreseer a los acusados, les pidió a los jueces del tribunal que tomaran una decisión.

La acusación

Según los fallos judiciales que dieron por acreditados los hechos en primera instancia, en la causa Hotesur se demostró la existencia un entramado diseñado para blanquear las ganancias que obtuvo Lázaro Báez a través de la adjudicación irregular de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Las circunstancias bajo las cuales el Estado le otorgó esas obras a Báez durante los doce años de kirchnerismo son actualmente investigadas en el juicio oral y público de la causa conocida como Vialidad, que también tiene a Cristina Kirchner entre los acusados. Esas irregularidades eran, según los investigadores que dieron impulso al caso Hotesur y Los Sauces, el delito precedente a las maniobras de lavado de dinero.

El primer eslabón del esquema había sido la compra de los hoteles por parte de la familia Kirchner, que luego fueron administrados y explotados por la firma Valle Mitre, de Lázaro Báez. Según la acusación, los Kirchner vendieron inmuebles y tierras fiscales al Grupo Báez a más de 40 veces su valor original. De esta manera se buscó justificar el dinero con el que luego se compraron los hoteles. Por el hotel Alto Calafate pagaron casi 5 millones de dólares, y por la hostería Las Dunas, 700.000 dólares. Ambas operaciones fueron en 2008.

Sin experiencia en el rubro hotelero y sin capacidad económica, la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez, recibía fondos de las empresas que habían sido adjudicatarias de las obras públicas, y era gerenciadora del Alto Calafate (perteneciente a la firma Hotesur S.A) y de la hostería Las Dunas, ambos de la familia Kirchner. Como gerenciadora de los hoteles, Valle Mitre pagaba todos los meses, desde que se firmaron los contratos en 2008, cánones locativos. El objetivo era, según la acusación, otorgar apariencia de legalidad a los fondos que habían sido obtenidos ilegítimamente por Lázaro Báez.

El caso fue investigado en primera instancia por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, e instruido por el juez Julián Ercolini.

En el caso de Los Sauces, cuyo expediente fue unificado con el de Hotesur, la acusación contra la expresidenta consistía en haber diseñado, ejecutado y dirigido entre enero de 2009 y marzo de 2016, un “esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito” a través de la firma Los Sauces SA. Esa sociedad, según la acusación, también adquirió propiedades que se usaron para legitimar el ingreso de dinero de procedencia ilegítima que venía de empresas del grupo Báez y del grupo Indalo.

Según la acusación Los Sauces recibió, entre enero de 2009 y marzo de 2016, directamente de firmas de Báez 6,8 millones de pesos y de empresas de Cristóbal López y De Sousa, en forma directa, 18,5 millones y, de manera indirecta -vía Idea SA, de Osvaldo Sanfelice-, 561.665 pesos.

Los fondos ingresaban con forma de pago de alquileres, pero en realidad lo que las empresas abonaban eran, según la hipótesis de los investigadores, beneficios y favores obtenidos de la cúpula del Gobierno. (La Nación)

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